Este miércoles 4 de mayo el jugador del Celta de Vigo, Santi Mina, y el futbolista de la UD Ibiza, David Goldar, iban a conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería sobre la denuncia contra ellos por supuesto abuso y agresión sexual, y cómplice de este delito.
Cuatro años de prisión y 50.000 euros por «abuso sexual», y absuelto de la petición de «agresión sexual», la condena de Santi Mina
La Audiencia ha condenado al delantero con cuatro años de prisión por abuso sexual a una joven, más una indemnización de 50.000 euros. Los hechos sucedieron en julio de 2017 cuando según la denunciante fue víctima de una agresión sexual en una caravana en Mojacar (Almería).
El jugador se enfrentaba a una posible condena de hasta 8 o 9 años, finalmente será de 4 al establecer la condena «abuso sexual» pero ser absuelto de la solicitud de la Fiscalía y la acusación particular de «agresión sexual». El jugador David Goldar ha sido absuelto tras ser acusado de «cooperante necesario» para el delito acometido por su excompañero de equipo.
El Celta reacciona abriéndole un expediente disciplinario «para dilucidar sus responsabilidades laborales»
De la parte del delantero se ha asegurado que recurrirán la sentencia dictada. Su club, el Celta de Vigo, ha reaccionado tras conocerse la sentencia comunicado que se le abre un expediente disciplinario a su jugador «para dilucidar sus responsabilidades laborales a la vista de esta resolución».
Comunicado oficial Celta de Vigo:
A raíz de la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, emitida en la jornada de hoy, el RC Celta ha decidido la apertura de un expediente disciplinario al jugador Santiago Mina para dilucidar sus responsabilidades laborales a la vista de esta resolución. Por esta razón y de manera cautelar, se ha decidido apartar al jugador, provisionalmente, de los entrenamientos del primer equipo, sin perjuicio de que continue realizando las actividades que al efecto le indique el club.
El RC Celta respeta el derecho de defensa del jugador, pero se ve en la obligación de tomar medidas frente a aquellos hechos que menoscaban de forma notoria la imagen del club y atentan directamente contra sus valores, mostrando una vez más su más absoluto rechazo hacia el delito tipificado en la resolución judicial.